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Subvencionar los biocombustibles convencionales: Una idea cuyo tiempo ha pasado

20 de junio de 2011 Área de trabajo: Sistemas terrestres

Por último, las políticas que apoyan la producción de biocombustibles están en el punto de mira, y no demasiado pronto. Porque durante la última década, la industria de los biocombustibles se ha acostumbrado a conseguir lo que quiere, sin hacer preguntas. Esos días, por fin, parecen haber terminado.

La semana pasada, la Cámara de Representantes Estados Unidos votó por 283-128 para prohibir que el gobierno federal utilice el dinero de los contribuyentes para pagar los nuevos surtidores de etanol, los tanques de almacenamiento y otras infraestructuras que la industria necesita (pero que preferiría no pagar). Horas más tarde, el Senado votó, por un margen de casi tres a uno, a favor de eliminar un crédito fiscal que beneficia a los fabricantes de etanol. Los avances legislativos se produjeron a raíz de un informe de organismos internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en el que se instaba a los países miembros del G20 a derogar las medidas de ámbito nacional "que subvencionan (o imponen) la producción o el consumo de biocombustibles". En Europa, mientras tanto, la Comisión Europea reconoció finalmente que la investigación que solicitó (pero que luego intentó ocultar) indica que la ampliación de la política de biocombustibles de la UE exacerbará la deforestación y otras prácticas de uso de la tierra perjudiciales para el clima.

Así que, teniendo en cuenta todas las razones por las que las políticas de biocombustibles están siendo atacadas, ¿por qué los responsables políticos han tardado tanto en actuar? El voto del Senado de la semana pasada para poner fin al Crédito Fiscal al Etanol Volumétrico -o VEETC- estuvo motivado en gran medida por la preocupación por el exorbitante coste de la subvención (6.000 millones de dólares en 2011; 21.500 millones en los últimos cinco años). El VEETC paga a las refinerías 45 centavos por cada galón de etanol que mezclan en la gasolina, a pesar de que otra ley federal -el Estándar de Combustibles Renovables- ya obliga a los estadounidenses a consumir ese etanol. "No podemos permitirnos seguir llenando los bolsillos de esta rentable industria con exenciones fiscales o cualquier otra forma de subvención", afirmó Taxpayers for Common Sense, que junto con Clean Air Task Force forma parte de una coalición de defensores de los contribuyentes, organizaciones de lucha contra el hambre y el desarrollo, grupos agrícolas, grupos de libre mercado, organizaciones religiosas, grupos ecologistas, defensores del presupuesto y organizaciones de interés público que piden al Congreso que elimine el VEETC.

El fuerte aumento de los precios de los alimentos es la fuerza motriz del próximo informe de la ONU y de otros organismos que pide a los países del G20 que eliminen sus subvenciones a los biocombustibles. Según el Financial Times, "el informe confirma una creciente reacción contra los biocombustibles, que en su día fueron aclamados como salvadores de las economías dependientes de los combustibles fósiles, pero a los que ahora se culpa cada vez más de hacer subir los precios de los alimentos al desviar el maíz y otros cultivos de la mesa a los depósitos de combustible". En abril, un analista de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación declaró a The New York Times: "Tenemos que dejar de pensar que la producción de un cultivo energético no compite con los alimentos. Casi inevitablemente lo hace".

Por último, el impacto de las políticas de bioenergía en los patrones de uso de la tierra, y el modo en que esos cambios aceleran el calentamiento global, está en el centro de la controversia sobre el reciente informe a la Comisión Europea. A medida que se estrechan los márgenes de suministro de maíz, soja y otras materias primas para biocombustibles, éstos alcanzan precios más altos. El aumento de los precios de los alimentos anima a los agricultores de todo el mundo a cultivar tierras que antes no se cultivaban, un proceso que provoca pérdidas sustanciales de carbono del suelo y de las plantas a la atmósfera. Un biocombustible debe "devolver" esta "deuda de carbono" (mediante el secuestro de dióxido de carbono a través del crecimiento de los cultivos energéticos en los años siguientes) antes de que se le pueda atribuir algún beneficio climático neto en comparación con los combustibles derivados del petróleo. Los investigadores han comprobado que los periodos de recuperación pueden oscilar entre varios años y varios cientos de años, dependiendo de la materia prima de los biocombustibles. La Comisión Europea ha reconocido este efecto, pero se esfuerza por corregir el rumbo.

En Estados Unidos, cancelar el VEETC sería un gran paso en la dirección correcta. La Cámara de Representantes debería seguir cuanto antes el ejemplo del Senado y votar para poner fin a la subvención. Sin embargo, una vez logrado esto, los responsables políticos deberían centrar su atención en el problema mayor: la Norma de Combustibles Renovables. La Norma de Combustibles Renovables está obligando a un aumento masivo del consumo de biocombustibles en Estados Unidos , desde algo menos de 5.000 millones de galones al año en 2006 hasta 36.000 millones de galones en 2022. El cuarenta por ciento de la cosecha de maíz de Estados Unidos se destina ahora a la producción de etanol, con consecuencias innegablemente graves para los precios de los alimentos y el cambio climático. Un análisis realizado por Clean Air Task Force reveló que las emisiones netas de dióxido de carbono del etanol de maíz impuesto por la Norma de Combustibles Renovables en 2010 son un 28 por ciento más altas que las emisiones de una cantidad de gasolina equivalente en energía.

Los biocombustibles son una criatura de la política. Sin el apoyo que les han prestado durante décadas los contribuyentes engañados, no existirían. Incluso con el apoyo público, ofrecen pocos beneficios discernibles, al tiempo que socavan la seguridad alimentaria y aceleran el cambio climático. Es hora de acabar con el VEETC y otras políticas que apoyan los biocombustibles convencionales.

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