Lo primero es lo primero: Limitar la producción de biocombustibles a base de maíz
Cuando el Congreso amplió drásticamente el Estándar de Combustibles Renovables en 2007, los partidarios del RFS revisado -que se supone que introducirá 36.000 millones de galones de biocombustible en el mercado de combustibles Estados Unidos para 2022- anunciaron el programa como una solución a nuestra excesiva dependencia del petróleo extranjero, una cura para las economías rurales debilitadas y una herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en los últimos cinco años ha quedado claro que el RFS es mejor para generar problemas que para aportar soluciones. El principal logro del programa hasta la fecha -el aumento del consumo de etanol de maíz- ha hecho subir los precios de los alimentos en Estados Unidos y en todo el mundo y ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y del agua y la destrucción del hábitat.
Algunos de los problemas más graves relacionados con el RFS pueden ser abordados por la EPA, pero hasta ahora la Agencia ha dejado pasar una serie de oportunidades para tomar medidas correctivas.
Por ejemplo:
- La EPA se ha negado a reexaminar su regulación del etanol de maíz, incluso después de que la Clean Air Task Force, el Consejo Nacional de Investigación y otros señalaran que el propio análisis de la EPA muestra que el combustible no cumple el requisito mínimo de reducción de emisiones establecido por el Congreso en 2007.
- La EPA denegó una petición estatal de exención parcial del mandato del etanol de maíz en 2008, anunció un conjunto imposible de criterios que utilizaría para revisar las peticiones posteriores, y luego se basó en esos criterios para denegar otro conjunto de peticiones de exención que se presentaron el año pasado, a pesar de que las peticiones fueron presentadas por nueve estados diferentes en medio de la peor sequía en más de cincuenta años, y con el respaldo de 34 senadores y más de 150 miembros de la Cámara de Representantes.
- La EPA ha abordado el déficit de producción de biocombustibles celulósicos permitiendo que los llamados "biocombustibles avanzados" -principalmente el etanol de caña de azúcar de Brasil y el biodiésel de soja- completen el mandato. La Agencia ha propuesto seguir este enfoque en el futuro, a pesar de que al hacerlo es probable que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero al incrementar la producción de etanol de maíz, aceite de palma o ambos. Si Estados Unidos aumenta significativamente la cantidad de etanol de caña de azúcar que importa de Brasil para compensar el déficit de biocombustible celulósico, Brasil -que tiene su propio mandato de consumo de biocombustible- aumentará su importación de etanol de maíz producido en Estados Unidos. Del mismo modo, si se desvía más aceite de soja de los mercados alimentarios al mercado de los combustibles (donde se convierte en biodiésel), la demanda insatisfecha de aceite vegetal hará que aumente la producción de aceite de palma, el vegetal de menor coste en el mercado mundial. Ya sea que el enfoque propuesto por la EPA impulse la producción de etanol de maíz o de aceite de palma, el resultado será un aumento de los precios de los alimentos y un incremento de las emisiones de GEI.
- La EPA también ha propuesto permitir que el butanol fabricado a partir de almidón de maíz se califique como "biocombustible avanzado" en el marco del RFS, lo que podría abrir la puerta a un aumento significativo de la cantidad de maíz que puede utilizarse para fabricar biocombustibles. El etanol de maíz ya tiene un bloqueo en los créditos de cumplimiento del RFS disponibles para los biocombustibles convencionales; permitir que los biocombustibles hechos a partir de granos de maíz se califiquen también para los créditos de cumplimiento "avanzados" podría exacerbar fácilmente la competencia entre los mercados de alimentos y los mercados de combustibles, ampliar las tierras agrícolas en hábitats clave de la vida silvestre y desencadenar una nueva ronda de emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el cambio de uso de la tierra.
Si añadimos los problemas relacionados con el muro de las mezclas, el aumento del precio de los créditos de los Números de Identificación Renovables (RIN) y los episodios de fraude de los RIN, no es de extrañar que el Congreso esté pensando en cómo intervenir. Algunos de los cambios que se están debatiendo son erróneos, como permitir que el gas natural se considere "combustible renovable", pero otros mejorarían el impacto medioambiental del RFS.
El más importante de estos cambios impediría nuevos aumentos en la cantidad de maíz que puede utilizarse para producir biocombustibles que cumplan con el RFS. El proyecto de reforma patrocinado por el congresista Bob Goodlatte, por ejemplo, prohibiría a la EPA permitir que el etanol de caña de azúcar y otros "biocombustibles avanzados" compensen la falta de biocombustibles celulósicos, lo que a su vez limitaría la nueva demanda brasileña de etanol de maíz cultivado en Estados Unidos. Otros proyectos de ley que se están estudiando impedirían que los biocombustibles fabricados a partir de almidón de maíz puedan optar a los créditos del RFS, independientemente de que los granos de maíz se conviertan en etanol o butanol.
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la EPA puede reducir parte del apetito del Congreso por estas reformas tomando medidas para limitar la producción de biocombustible a base de maíz. La agencia puede dar marcha atrás en su decisión propuesta de permitir que el etanol de caña de azúcar cubra el déficit de biocombustible celulósico (lo que a su vez reduciría la demanda indirecta de más etanol de maíz). Y puede mantener el butanol fabricado a partir de almidón de maíz fuera del RFS, al menos hasta que desarrolle métodos de regulación para garantizar que la producción de butanol no aumente la cantidad total de maíz utilizada para fabricar biocombustibles.
