La EPA da marcha atrás y mantiene la norma para las centrales eléctricas de carbón basadas en la CAC
Sin embargo, en un intento de última hora de proteger a la industria, dice que las centrales eléctricas son las únicas fuentes cuyas emisiones climáticas pueden regularse.
Después de proponer la derogación de las primerasnormas sobre gases de efecto invernadero de Estados Unidos emitidas en 2015 para las centrales eléctricas de carbón -que se basan en la captura y secuestro parcial de carbono (CAC)-,la EPA decidió dejarlas en vigor. En su propuesta de 2018, la Agencia argumentó de forma poco convincente que los costes y la disponibilidad geográfica de la CAC impedían que fuera la base de las normas para cualquier nueva central de carbón que se construyera en Estados Unidos. Para garantizar que las nuevas plantas se construyan de la manera más limpia posible, la Ley de Aire Limpio requiere el máximo control factible basado en el mejor sistema de reducción de emisiones. "Nos complace que la EPA haya prestado atención a nuestros comentarios y haya abandonado su injustificable intento de establecer normas basadas en medidas de eficiencia escasas y de hace décadas, cuando la CAC está probada", dijo el abogado de CATF , Jay Duffy.
Sin embargo, en un intento de última hora de cimentar su legado como negadores del clima, la EPA de Trump determinó que ninguna industria, aparte del sector energético, emite suficientes gases de efecto invernadero para justificar las normas de rendimiento. Ante la actual crisis climática y la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto, la conclusión de la Agencia es absurda. Incluso los sectores que contribuyen con un pequeño porcentaje de las emisiones pueden seguir emitiendo una cantidad significativa de emisiones y poner en peligro de forma significativa la salud pública. Además, como la EPA no propuso nada remotamente relacionado con un umbral para regular la contaminación climática, la norma, que se publicará mañana en el Registro Federal, viola importantes requisitos de notificación y comentario.
"Esta norma ilegal es un intento transparente de poner obstáculos a la protección de la salud pública y el medio ambiente para la nueva administración, pero Clean Air Task Force y sus socios no se dejarán disuadir", dijo Duffy.
