La regulación de los gases de efecto invernadero debe ser una prioridad
Establecer normas de rendimiento de gases de efecto invernadero para las centrales eléctricas de carbón nuevas y existentes tiene que ser LA prioridad de la política medioambiental, energética y climática para 2012. Dada la huella de carbono de esta industria, la construcción de una nueva central eléctrica de carbón sin algún nivel de control del dióxido de carbono es sencillamente injustificable desde el punto de vista técnico, político e incluso económico. Limpiar las centrales más tarde cuesta más que construirlas con tecnología limpia ahora.
La primera de estas normas de la EPA ( Estados Unidos ) está siendo revisada por la Oficina de Gestión y Presupuesto, y la EPA debe ultimar la norma a finales de la primavera, en virtud de un decreto de consentimiento con los grupos ecologistas. Esta norma es fundamental porque las centrales eléctricas de carbón son las mayores fuentes fijas de contaminación atmosférica por dióxido de carbono, y ya existe una tecnología de control que permite grandes reducciones, como estamos viendo con las primeras aplicaciones de las centrales que capturan y secuestran el dióxido de carbono.
Las recientes medidas de la EPA al finalizar la Regla sobre Mercurio y Tóxicos del Aire y la Regla sobre Contaminación Atmosférica entre Estados son excelentes protecciones para la salud pública, pero simplemente no conseguirán reducciones significativas de dióxido de carbono en las plantas de carbón nuevas o existentes. Existen controles rentables para cumplir estas normas sin tener que retirar muchas unidades existentes, pero esos controles no tienen ningún impacto en las emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, las MATS y el CSAPR -cuando se apliquen, como confiamos en que ocurrirá- no son un sustituto de una norma de rendimiento para el CO2 emitido por las centrales eléctricas de carbón. Y, en la medida en que la industria energética busca "seguridad normativa", estas nuevas normas de rendimiento de las fuentes son muy oportunas, ya que completan la estrategia multicontaminante de la EPA para el sector energético, proporcionando información crítica para la planificación de la transición del sector energético en las próximas décadas.
Esperamos que el Presidente Obama siga defendiendo la necesidad de llevar el sector de la generación eléctrica al siglo XXI. La emisión de normas de rendimiento de CO2 para esta industria es un paso absolutamente necesario si la Administración tiene la esperanza de cumplir su compromiso de una reducción del 17% por debajo de los niveles de 2005 para 2020. Además, la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso AEP contra Connecticut, que deniega a los demandantes privados el derecho a demandar a los propietarios de centrales eléctricas por daños climáticos, se basa en la suposición de que estas normas saldrán a corto plazo, y se establecerán a niveles que realmente aborden el importante impacto climático de esta industria.